Organización Territorial

 Uno de los problemas históricos de España es su perenne lucha del centro y la periferia, unas veces por la necesidad de identificarse con su tierra cercana, otras veces, las más, por la conquista de una parcela de poder público con el que influir en sus ciudadanos y en la promoción de sus negocios. Para ello buscan antecedentes en la historia, en las leyendas, en los mitos, en su aportación a la riqueza nacional, etc. con los que justificar sus reivindicaciones.

 La burguesía periférica quiere tener las mismas oportunidades de influencia que la burguesía instalada en la Capital del Estado, centro desde el que se dirige la política nacional, al menos de forma teórica. En definitiva quieren participar de la "tarta tributaria" y distribuir esos recursos en lo que más le interese.

 Bajo el paraguas del interés general, interés social, bien común o cualquier otro "concepto político indeterminado" quieren hacer partícipes a sus correligionarios de las mieles de los presupuestos mediante subvenciones a actividades que promocionen los productos de la zona, de las transferencias de capital a sus empresas, subvenciones a sus instituciones sin fines de lucro, etc. etc. Todas son coartadas para "chupar del bote".

 ¿Importa algo que dichas actividades creen valor añadido?
 ¿Importa algo que promocionen "su cultura"?
 ¿Importa algo que la intervención pública en la provisión de bienes y servicios suplante a la iniciativa de la sociedad civil aunque ésta sea más eficiente?

 Otro de los mitos en los que se basa la descentralización es "la Administración más cercana al ciudadano". Este argumento no es racional en sí mismo ni irradia eficacia y eficiencia a las tareas desarrolladas, pues muchas veces estas Administraciones cercanas adolecen de falta de esos criterios que pregonan ya sea por falta de medios ya sea por tener dimensiones poca adecuadas para los servicios que prestan.

 Lo que se ha demostrado que funciona en la práctica de muchos países es la realización de competencias de forma escalar. Las competencias sencillas y fáciles sin grandes dificultades técnicas las realiza el órgano más cercano, pero cuando dichas competencias se vuelven más complejas o trascienden sus límites territoriales o se demuestra que su realización en ámbitos mayores trae consigo economías de escala entonces conviene que las realicen órganos que tengan un mayor alcance. Se podrían poner muchos ejemplos: la recogida de basuras, la recaudación de tributos, el transporte público de viajeros, el abastecimiento de agua, etc. Fijémonos en este último. Este servicio se realiza de múltiples formas en nuestro país: por el propio municipio cuando tiene medios suficientes y voluntad de realizarlo, por una mancomunidad de municipios o por un consorcio para superar la barrera económica de cada uno de ellos, por un Ente u Órgano provincial o regional que busca mayores economías de escala o por una empresa especializada que realiza dicho servicio para muchos municipios a la vez a través de concesiones.

 Desde el punto de vista político, la descentralización regional se ha hecho para evitar males mayores (ansias de secesión o separatismos) y así calmar a la burguesía periférica, como han sido los casos de Escocia y País de Gales en Gran Bretaña o de Cataluña, País Vasco y Galicia en España. De paso se hace partícipes a los habitantes de esas zonas de una parte de las decisiones políticas que afectan a su territorio. En este caso se tiene mucho cuidado con el vaciamiento de competencias del Estado, la absorción de competencias de los niveles más bajos en favor de estos Entes intermedios y la preservación de competencias sensibles (educación, sanidad, pensiones públicas, vivienda, etc.) en manos del Estado.

Así que conviene tener presente una reflexión de Manuel Muela a este respecto en "Una propuesta republicana para España": "Dada la situación creada,...., valdría la pena recuperar la concepción republicana del Estado Integral, construcción jurídica inteligente y respetuosa con los derechos de las regiones, para establecer límites claros y precisos a su derecho a la autonomía, delimitando y cerrando su marco de competencias. La regulación de ese nuevo marco competencial habría de basarse en la idea de reforzamiento de los poderes del Estado, como garante de la libertad y la igualdad de los españoles, recuperando la mayor parte del poder perdido en educación, sanidad y vivienda, por citar algunas materias sensibles, junto con el enriquecimiento de las competencias de los municipios, que son la administración más cercana a los ciudadanos".